Opinión

Los desafíos de la participación

01/Marzo/2018
Pablo Moyano Silva

Hay una fórmula retórica que se ha hecho habitual en el país: “la participación ciudadana llegó para quedarse”. Lo importante de esta frase es que no sólo se trata de un asunto que se instaló en la conversación, sino que viene adquiriendo cada día más cuerpo en el quehacer de nuestros compatriotas.

Hay coincidencia en que la participación ciudadana, en sus distintas expresiones y niveles, fortalece la democracia, yendo desde las elecciones hasta las actividades de voluntariado, pasando por los debates que se suceden en múltiples espacios, lo que el PNUD llamó “los tiempos de politización”.

Desde el regreso a la democracia la participación ha recorrido un largo camino, tanto en su desarrollo, como en su instalación, siendo consagrada legalmente el año 2011, con la promulgación de la Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, legislación que instala oficialmente espacios de vinculación entre las instituciones del Estado y los y las ciudadanas. Años más tarde, en agosto del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet, buscando una correcta implementación de la Ley dicta un instructivo presidencial en la materia, en el que incluye acciones y disposiciones a realizar por las instituciones públicas y que han permitido un desarrollo mayormente acelerado en la materia y con esto una nueva forma de gobernar.  

Hoy, tres años después de la dictación del ya mencionado instructivo contamos con Ministerios y Servicios Públicos que han dispuesto diversos espacios y niveles de participación, dentro de los cuales destacamos; el acceso a  información relevante por parte de la ciudadanía, ya sea a través de consultas presenciales o información disponible a un clic, las consultas ciudadanas, utilizadas frecuentemente para obtener una mirada de la sociedad en temáticas contingentes como la tenencia responsable de mascotas hasta una futura Ley de matrimonio igualitario, contamos también con más de una centena de consejos de la sociedad civil constituidos, gran parte de estos funcionando de manera permanente  y de manera anual todos los Ministerios y Servicios le rinden cuenta a la ciudadanía por medio de las cuentas públicas participativas.

Sin embargo, los avances también traen nuevos desafíos. Durante un año, de enero de 2016 a enero de 2017, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, creado por la Presidenta Bachelet e integrado por representantes de la sociedad civil, analizó el estado de la participación ciudadana en Chile y su sustento institucional, culminando su labor con diversas propuestas orientadas a modificar y fortalecer dicha institucionalidad.

Esta mirada nos indicó prioridades sobre dónde continuar tanto para aumentar los niveles de participación ciudadana como el grado de su incidencia en la gestión pública. Resumo esto en los siguientes aspectos principales:

Por un lado, hay una exigencia generalizada por elevar la participación ciudadana a nivel de derecho constitucional. En segundo lugar, resulta ineludible comenzar a introducir mecanismos de democracia directa, tales como, plebiscitos, referéndums, iniciativa popular legislativa y la posibilidad de revocatoria de mandato, donde en caso de requerirlo la ciudadanía pueda evaluar si una autoridad electa deba cesar sus funciones antes de concluir su mandato avanzando a una democracia más robusta y desarrollada. En tercer lugar, dotar de mayor efectividad los consejos de la sociedad civil otorgándoles a algunas decisiones el carácter resolutivo, junto con fortalecer el resto de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública.

Todas las medidas mencionadas están centradas en ampliar y consolidar la institucionalidad de participación ciudadana desde el Estado, pero tenemos la convicción de que el camino hacia una mejor democracia con más participación y mayor legitimidad también debe abordarse desde lo social, tomando medidas significativas que vayan en este sentido, reconstruyendo y fortaleciendo el tejido social, donde sea la ciudadanía a través del desarrollo de  su quehacer colectivo la que de vitalidad a las instituciones públicas, construyendo una relación virtuosa entre la sociedad civil y el Estado.

Siguiendo este camino podremos contar en el futuro con mayores niveles de participación ciudadana, que le permitan al país avanzar hacia una democracia sólida, con pilares robustos que la sustenten, como nos dijo la presidenta Bachelet: “la democracia debe fortalecerse en sus ideas y en sus prácticas, yendo más allá del voto y del cumplimiento de la ley, que siendo condiciones indispensables sin duda, no son suficientes”.    

Es por este camino que se construye el Chile Mejor.

 

Pablo Moyano Silva

Ex Director División de Organizaciones Sociales

Ministerio Secretaría General de Gobierno 

 

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